18 de mayo de 2012
Habilitación del mes de agosto

Abogados y procuradores de Valladolid 'cierran filas' contra el plan de Gallardón de declarar hábil el mes de agosto

Hablan de "retroceso de derechos" y de imponer una situación de "semiesclavitud"

EUROPA PRESS 15.01.12

Las organizaciones colegiales de los colectivos de abogados y procuradores de Valladolid han 'cerrado filas' y se han posicionado abiertamente en contra de la posibilidad de declarar hábil el mes de agosto para la Administración de Justicia, tal y como baraja el nuevo ministro del ramo, Alberto Ruiz Gallardón, dentro del paquete de medidas barajadas en pro de la austeridad y eficiencia que se ha marcado el nuevo Gobierno central.

Ante tal posibilidad, que el ministro anunció como una posibilidad durante el acto de toma de posesión de su nuevo equipo celebrado hace un par de semanas, ambos colectivos en Valladolid, tanto los abogados como los procuradores, coinciden al señalar que la medida, lejos de lograr una mayor celeridad en la tramitación de casos, provocaría un mayor colapso y, además, supondría la puesta en marcha de un proceso de involución en un derecho adquirido desde hace años por dichos profesionales.

Así, el máximo responsable de los abogados vallisoletanos, Jesús Verdugo, en declaraciones a Europa Press, achaca el anuncio de Gallardón, "con todos los respetos", a una "valoración demasiado precipitada" pues, tal y como recuerda el letrado, en agosto sólo se paraliza la jurisdicción civil y en el resto se sigue trabajando, aunque a menor escala, pues se celebran juicios penales, rápidos y causas con preso.

"Declarar hábil el mes de agosto, que serían veinte días, no son las medidas que se necesitan para solucionar los problemas de lentitud de los juzgados, como así ya le ha respondido el Consejo General de la Abogacía", recuerda Verdugo, quien, además, advierte de que ello supondría alterar las vacaciones que tradicionalmente disfrutan ambos colectivos en dicho mes, al igual que la mayor parte del país, y por tal motivo ha sugerido a Gallardón que imponga a todos los funcionarios la obligación de marcharse de vacaciones ese mes a fin de que los de junio, julio y septiembre sean verdaderamente "productivos".

En la misma línea, la decana de los procuradores en Valladolid, Cristina Goicoechea, ha tildado de "precipitado" el anuncio del nuevo ministro, "que acaba de aterrizar", y, al igual que el anterior, ha precisado que la Administración de Justicia sigue funcionando en agosto, "aunque a menor gas".

La paralización no es real

"A cualquiera puede parecerle una aberración que la Justicia esté paralizada en agosto, pero lo primero que hay que dejar bien claro es que esa no es la realidad", insiste Goicoechea, en referencia a que durante ese periodo vacacional siguen tramitándose cuestiones penales, derechos fundamentales en el ámbito contencioso, asuntos urgentes de derecho de familia, se celebran algunos juicios y "es bastante reducido en ámbito en el que agosto es inhábil", a lo que se añade el hecho de que existe un servicio de guardia puesto en marcha por ambas organizaciones colegiales en materia de causas de urgencia.

La decana, en declaraciones a Europa Press, no ha dudado al advertir de que declarar hábil agosto a los efectos de la Justicia supondría un "retroceso en los derechos" adquiridos por abogados o la imposición de una situación de "semiesclavitud" y, además, no sería eficaz ya que buena parte de los juicios fijados para ese mes tendrían que suspenderse ante la incomparecencia de testigos, fundamentalmente miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que mayoritariamente disfrutan de sus vacaciones en dicho periodo.

"Si se abre el abanico de abogados y procuradores para coger las vacaciones, al final, en lugar de un agosto a menor ritmo, los juzgados verán ralentizado su trabajo y funcionarán también a medio gas en junio, julio y septiembre", sostiene Goicoechea.

Esta ha recordado igualmente el coste que supondría cubrir en los meses de agosto las suplencias por vacaciones de jueces, secretarios judiciales u otros profesionales de la Administración de Justicia. "¿Por qué en lugar de ello dotamos a los juzgados de los medios materiales y humanos necesarios para funcionar bien todo el año?", pregunta la procuradora y decana.