Abogados gallegos critican los divorcios y bodas ante notario

Aseguran que se trata de una medida de “dudosa constitucionalidad”

Lavozdegalicia.es 04.02.12

La relación entre el nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y el Colegio de Abogados de Santiago no ha empezado con buen pie. En poco más de un mes, ya es la segunda vez que las propuestas del exalcalde de Madrid han motivado una reacción en contra de la abogacía compostelana, primero ante la idea de abrir los juzgados en agosto y ahora ante la posibilidad de que los notarios puedan formalizar divorcios y matrimonios civiles.

Ruiz Gallardón ha sugerido esta propuesta con el fin de aliviar el colapso que viven los juzgados, pero para el decano del Colegio de Abogados de Santiago se trata de una medida de “dudosa constitucionalidad”. Evaristo Nogueira, que es también adjunto a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), recuerda que en los divorcios de mutuo acuerdo “es necesaria la intervención del Ministerio Fiscal en el caso de que el matrimonio tenga hijos menores”.

El representante de los abogados compostelanos considera que no son los divorcios los que saturan los juzgados en España y, en el caso de las bodas civiles, Nogueira asegura que el expediente matrimonial tiene que pasar por el control del fiscal, “por lo que la propuesta del ministro tampoco se ajusta a lo que fija la Constitución”, añade.

Las bodas serían de pago

Para el decano del Colegio de Abogados de Santiago, la idea que ha transmitido el ministro de Justicia tiene otra pega importante. Actualmente, las bodas civiles en los juzgados son gratuitas en España, “lo que suponemos que cambiaría si pasan a realizarse en el despacho de un notario”, advierte.

La abogacía se confiesa “contrariada” ante las propuestas para desatascar los juzgados que Alberto Ruiz Gallardón ha hecho en el poco tiempo que lleva al frente del Ministerio de Justicia. Primero fue no cerrar los juzgados en agosto y ahora que sean los notarios los que divorcien y casen. Evaristo Nogueira sostiene que estas medidas “para nada solucionarían los problemas que sufre la Justicia en España”.

Los abogados compostelanos reclaman al ministro un pacto de Estado por la Justicia y que se agilicen los tribunales trabajando en su adecuada informatización, contratando más jueces y funcionarios y potenciando la mediación y el arbitraje.