29 de agosto de 2014

¿Qué hacemos con las autonomías?, por Jorge de Esteban, Catedrático de Derecho constitucional

El día 19 de abril de 2012, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Jorge de Esteban en el cual el autor opina que el mayor problema que tenemos hoy en España, que engloba a todos los demás, incluido el económico, no es otro que la situación caótica en que se encuentra el Estado de las Autonomías.

¿QUÉ HACEMOS CON LAS AUTONOMÍAS?

 

El mayor problema que tenemos hoy en España, que engloba a todos los demás, incluido el económico, no es otro que la situación caótica en que se encuentra el Estado de las Autonomías. No se podrá resolver eficazmente ningún otro problema, mientras que no se llegue a un modelo estable de nuestro Estado.

Es indudable que si hubiésemos contado con un Estado eficaz podríamos haber hecho frente a la crisis económica con mucha mayor facilidad. Pero el Estado Autonómico, en estos momentos, presenta una grave inestabilidad que procede de tres causas principales. La primera consiste en que, tal y como se encuentra, es un Estado enormemente gravoso que, mal que bien, pudo funcionar mientras estábamos en el periodo de las vacas gordas. Pero ahora que éstas han adelgazado, hasta llegar a una situación de raquitismo, ese Estado, tal como está, ya no es funcional. En segundo lugar, desde el mismo momento en que el presidente Zapatero dio disco verde para que se reformase el Estatuto de Cataluña entramos abiertamente en una situación de turbulencias autonómicas. El Estatuto catalán y los de otras regiones que le imitaron después no han hecho más que debilitar las competencias del Estado-aparato, en beneficio de las Comunidades Autónomas.

Es claro que no se puede llevar a cabo una política general que abarque a todo el territorio en una situación de emergencia nacional como la que padecemos actualmente en España si existen situaciones jurídicas incomprensibles. Por poner un ejemplo, en los nuevos Estatutos, especialmente en el catalán, se incluyen cláusulas como la Disposición Adicional Tercera que trata de imponer criterios a las Cortes Generales, cuando todo Estatuto tiene una delimitación territorial muy concreta respecto a su vigencia.

Y, en tercer lugar, otra complicación es la que se ha producido con la política llevada a cabo por Zapatero y sus adláteres del Tribunal Constitucional, que han introducido un elemento distorsionador en el funcionamiento del Estado de las Autonomías. Esto es, se ha permitido que un partido con evidentes relaciones con ETA -que aún no se ha disuelto- represente una amenaza enormemente peligrosa para la futura integridad de nuestro Estado, desde el instante en que se ha introducido en las instituciones locales.

En primer término, algunos mantienen que se deberían suprimir las Autonomías de forma radical, y volver a un Estado centralista y unitario, permitiendo exclusivamente una cierta descentralización administrativa. Al margen de la ideología que sustente esta posición, hay que indicar que es absolutamente imposible tomarla en serio. Las autonomías, con todos los defectos que se quieran, han contribuido al desarrollo económico de España, reduciendo las enormes desigualdades regionales que existían antes de ser aprobada la Constitución. Pero, además, hay que tener en cuenta que el Título VIII de la Constitución nació especialmente para resolver el problema de las dos regiones con mayor identidad en España, es decir, el País Vasco y Cataluña. Resultaría totalmente demencial suprimir a estas dos regiones la autonomía que consideran como intrínsecamente necesaria, mientras que no puedan llegar a la independencia.

La segunda posición, que suscriben muchos otros observadores, consiste en adoptar en España un Estado Federal. Por una parte, se dice con mucha frecuencia que nuestro Estado de las Autonomías es prácticamente federal. Lo cual es cierto y no es cierto. Lo es porque, al igual que ocurre con los Estados Federales, en España las Comunidades Autónomas tienen parecidas competencias a las de aquéllos o incluso más aún. Pero no es cierto porque uno de los rasgos que se pueden comprobar en los Estados Federales consiste en la igualdad entre todos los Estados miembros. Sin embargo, no resulta posible reconocer esta circunstancia en España, porque no existe una igualdad entre las Comunidades Autónomas, habiendo grandes diferencias entre unas y otras en lo que respecta a sus Estatutos.

Pero es más, la igualdad federal no la desean en absoluto ni los vascos, ni los catalanes. Aquí existe una ley sociológica que es diabólica y que consiste en que cuanto más se alejen Cataluña y el País Vasco de las otras Comunidades Autónomas más se querrán acercar éstas a las primeras. Mientras los unos hablan de los hechos diferenciales y de los rasgos identitarios, los otros hablan de agravios comparativos, porque corren a apoyarse en el artículo 14 de la Constitución, que afirma que todos los españoles son iguales. Por consiguiente, esta solución del Estado Federal, o Autonómico-Federal, es una pseudosolución, porque nunca la aceptarían ni los vascos ni los catalanes, ya que ambos quieren ser un poco más altos que los demás.

Ahora bien, es la propia Constitución la que ha originado este conflicto permanente, puesto que adoptó dos principios que, como si fuesen imanes del mismo signo, se repelen, en vez de atraerse. En efecto, se trata de los principios dispositivo y diferenciador, que se hallan contenidos en el artículo 2 de la Constitución. Por un lado, según el principio dispositivo, todas las regiones españolas que así lo deseen pueden acceder a la autonomía. Y, por otro, el principio diferenciador, que consiste en que se reconocen diferencias claras entre unas Comunidades Autónomas, denominadas nacionalidades, y otras, denominadas regiones. Tal diferencia se puede ver también claramente en otros artículos de la Constitución, lo cual favoreció la aparición de un tercer principio, que no se halla en la Constitución, el principio emulativo, mediante el cual todas las Comunidades Autónomas tratan de que no existan privilegios de algunas sobre otras y de llegar así a la igualdad entre ellas.

Así están las cosas hoy en España, y las consecuencias que podemos deducir son dos: una primera, que no se puede mantener la actual estructura caótica del Estado de las Autonomías, por ser enormemente gravosa e ineficiente. Y la segunda, que la única manera de resolver y racionalizar esta endiablada situación, no es otra que la de reformar el Título VIII de la Constitución, intentando el mayor acuerdo general, incluso con la convocatoria de un referéndum.

En resumidas cuentas, algo de esto reivindiqué hace 23 años, cuando no había una crisis económica como la actual, en el primer artículo que salió en la Tribuna de este periódico.